30.400 desaparecidos: reconocimiento y Memoria de la comunidad LGBT en dictadura

La cifra que comenzó a tomar notoriedad en las últimas movilizaciones del 24 de marzo expone las represión hacia la comunidad LGBTQ+ durante la dictadura y los desafíos de las políticas de la Memoria.

El 24 de marzo es la fecha más movilizante para los organismos de derechos humanos en la Argentina. Este 47° aniversario del golpe de Estado, a la que hizo alusión el presidente Alberto Fernández en su última aparición pública, tendrá una jornada de actividades en todo el país para promover la construcción de Memoria, Verdad y Justicia. Para que sea completa, es necesario pensar qué hay detrás de la cifra de 30.400 desaparecidos, que comenzó a ser bandera y graffiti en los últimos años.

Siguiendo con la lógica de los 30.000 desaparecidos, no existe una estricta pretensión de exactitud con la cifra de 30.400: es una construcción política histórica, consensuada por organismos de derechos humanos porque permite dimensionar la sistematicidad del mecanismo represivo de la dictadura cívico – militar, en el despliegue geográfico de todas sus centros clandestinos de detención. Es imposible contabilizar los cuerpos de las personas secuestradas, torturadas y asesinadas por las fuerzas de seguridad estatales entre 1976 y 1983, precisamente porque esos cuerpos fueron desaparecidos. Con la misma impronta, no se puede establecer exactamente cuántas fueron las personas de la comunidad LGBTQ+ que fueron desaparecidas.

¿Por qué, entonces, 30.400?

La cifra surge a partir del testimonio del rabino Marshall Meyer, uno de los 13 miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada por el presidente Raúl Alfonsín para investigar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Si bien el informe final de la Comisión, popularizado por el título Nunca Más, no incluye en ningún momento las palabras travesti, homosexual, gay ni lesbiana; fue el propio rabino el que detectó la presencia de 400 personas que pertenecían a la comunidad LGBTQ+.

Meyer tenía cercanía con Carlos Jáuregui, activista gay y primer presidente de la Comisión Homosexual Argentina (CHA), a quien le habría comunicado que 400 personas habían recibido, por su orientación sexual, un trato especialmente sádico y violento en los centros de detención clandestinos. Esa información no formó parte en el informe final por la insistencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuyo origen fue en una capilla de la Iglesia Católica. Sin embargo, trascendió por militancia y constancia: Jáuregui difundió la cifra en su libro La homosexualidad en la Argentina, publicado en 1987, y la comunidad LGBTQ+ la sostuvo como horizonte de lucha.

“La cifra refleja, tanto como la de 30.000, el símbolo de la tragedia: podrían ser menos o podrían ser más. Porque se trató de una masacre clandestina, cuerpos desaparecidos; aquella categoría fantasmal que Videla ubicó en el limbo. No están, se esfumaron. Era la ignominia de un gobierno que optó por asesinar fuera de toda legalidad, de todo registro contable”, sostuvo a Ámbito Alejandro Modarelli, coautor de Baños, fiestas y exilios junto a Flavio Rapisardi, una investigación referencia sobre la actividad de la comunidad LGBTQ+ en la dictadura.

Precisamente, es Rapisardi quien señaló para este medio que “hubo una sistematicidad en la persecución” de la comunidad LGBTQ+. “Antes de 1974 era reconocible la presencia de gays, lesbianas y trans en las calles”, afirmó, e indicó que a partir de la constitución de las brigadas de la Triple A “comenzaron a tomar algunas medidas de precaución, pero no al nivel del 24 de marzo de 1976”. El primer impacto fue el inmediato exilio de referentes culturales y políticos de la diversidad, como Néstor Perlongher, Héctor Anabitarte o Ricardo Lorenzo Sanz.

Debates sobre la cifra de los 30.400

Una vez visibilizada la presencia de personas de la comunidad LGBTQ+ entre los desaparecidos de la dictadura, el paso posterior llevó a revisiones acerca de la posición política a tomar en torno a la cifra 30.400. Los debates sobre ese número no terminan de borrar la construcción de una perspectiva de la diversidad en el discurso de Memoria, Verdad y Justicia, que se habilitó a partir de la instalación del debate en la agenda de los derechos humanos.

Más allá de la imposibilidad de determinar la orientación sexual de todas las personas que fueron desaparecidas, la cifra expresada por Marshall Meyer (400 personas) es incluida dentro de la órbita de los 30.000. Aunque la realidad de las personas trans y travestis fue distinta, los testimonios de los juicios no determinaron que el motivo del secuestro de gays y lesbianas haya sido su sexualidad. Ellos formaban parte de organizaciones políticas peronistas y de izquierda que se insertaban en discusiones macropolíticas, donde la agenda LGBTQ+ de 1976 aún no tenía lugar. Muchos de los desaparecidos incluso debían ocultar su homosexualidad debido a que los movimientos revolucionarios eran espacios regidos por herméticas reglas heterosexuales y cisgénero, como lo revela una de las cánticos que se entonaba antes de 1976: “No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de las FAR y Montoneros”.

“Ese número probablemente haya servido como una estrategia política para visibilizar que existieron personas que fueron especialmente violentadas por su sexualidad”, ratifica en Ámbito Matías Máximo, periodista y autor de El Nunca Más de las locas, publicado este 2023. “Para mí, hablar de 30.400 implica correrse de un número consensuado. Seguir reclamando junto a la fuerza de los 30.000 y a la par de las otras organizaciones me parece que hoy, a 40 años del retorno de la democracia, es lo políticamente más interesante», opinó.

En ese mismo sentido, Alejandro Modarelli manifestó: “No me convence sumar 400 al número 30.000, porque en momentos en que la extrema derecha intenta deslegitimar la lucha de los organismos de derechos humanos atacando una cifra imposible de calcular con exactitud, como la del Holocausto a causa de las características del exterminio, quizás estemos provocando otras razones para cosecha del negacionismo. Prefiero seguir con los 30.000 como bandera del reclamo. Testimonio de aquel limbo indescifrable que pregonó Videla. El número del oprobio, de la barbarie del secreto”.

La dictadura y la violencia contra la comunidad LGBTQ+

Al igual que el padecimiento de judíos y personas con discapacidad en los centros clandestinos de detención, el rabino Marshall Meyer detectó en la investigación de la CONADEP el ensañamiento con los gays y lesbianas. Matías Máximo reconstruye que «la violación sexual era algo asegurado si caías detenido. La mayoría de las personas travestis y trans cuentan que las pelaban. También existía reducción a la servidumbre”.

“No creo que haya habido una persecución premeditada dirigida contra la población LGBTQ+, sino que nuestra condición aumentaba el odio y, como en el caso de los judíos, nos volvía menos humanos ante el genocida”, analizó Alejandro Modarelli. “El Nunca Más no se ocupó de narrar las condiciones en las que las personas LGBTQ+ habían padecido un ensañamiento específico por ser, precisamente divergentes sexuales bajo una dictadura que, a diferencia de otras, las elegía también como víctimas propiciatorias. Si no morían, multiplicaban la tortura”, agregó.

En ese sentido, Flavio Rapisardi detalló que los testimonios hablan de que, en una revisión de antecedentes de rutina, “los tenían 48 horas encerrados en comisarías, con golpes o haciendo trabajos en la comisarías. Encerrados en lugares pequeños y les tiraban agua fría por debajo de la puerta para que se enfermaran”.

Ante el panorama represivo que se les planteaba como única condición, la comunidad LGBTQ+ desarrolló una serie de herramientas de supervivencia colectiva para poder practicar su sexualidad sin someterse a una detención arbitraria. Esos recursos de resistencia son los que precisamente le dan el título al libro de Rapisardi y Modarelli: Fiestas, baños y exilios. A partir del inicio de la dictadura, las celebraciones se concentraban en casas particulares, que aún así no eran seguras por la vigilancia vecinal. Públicamente, los sitios de conquista se circunscribieron a un circuito de baños en las estaciones de trenes que iban hacia la provincia de Buenos Aires, que estaban sometidos a tareas de Inteligencia de las fuerzas, con agentes encubiertos para realizar detenciones por goteo. En caso de que estos recursos no fueran posibles, restaba atravesar el exilio.

Las prácticas de las fiestas privadas -casi en la clandestinidad- también fueron una modalidad incorporada por trans y travestis para exhibir el orgullo. Sin embargo, existen testimonios históricos que ubican al centro de las celebraciones en casas aisladas del Delta del Tigre, donde podían tener mayor privacidad y eludir los controles. En ese distrito creció y aún vive Julieta González, quien alternaba los festejos con el trabajo por supervivencia, pese al constante hostigamiento policial.

“En esa época no se veían travestis en la calle porque sólo estábamos de noche, escondidas en la oscuridad y el silencio. Era imposible andar de día porque te sacaban hasta del almacén o de cualquier negocio”, contó en Ámbito y subraya la impotencia: “¿Quién se iba a oponer a ellos en ese momento? Nadie. Los vecinos que me conocían de toda la vida veían cómo me detenían del almacén y no decían nada”.

Julieta González es una de las pocas sobrevivientes de la comunidad que fue detenida y torturada en el Pozo de Banfield por ser trans. “Recuerdo haber escuchado esos gritos aterradores de la gente que mataban. Los nacimientos de los bebés y los gritos de las mujeres en parto también escuchábamos”, dijo, reiterando uno de los testimonios que ofreció en los juicios que aún se encuentran en desarrollo.

Como efecto moralizante y disciplinador que no toleraba siquiera la existencia de la diversidad sexual o de género, González recuerda las dos veces que le raparon el cabello luego de detenerla en la calle: la última vez en 1983, en la Comisaría 5° de Vicente López; la primera en 1978, durante las celebraciones del campeonato mundial de fútbol de Argentina: “Habíamos salido a festejar con algunas compañeras; estaba todo el mundo en la calle. Y nos llevó la policía: no sabés qué vergüenza sentí, como si fuéramos aquellas basuras más grandes que pudieran existir. Nos llevaron a la comisaría, nos tiraron al piso y nos hicieron un montón de maldades”.