Posicionamiento de la sociedad civil latinoamericana y de El Caribe hacia a la Reunión de Alto Nivel de VIH

CED Tandil en conjunto con representantes de Antigua y Barbura, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, Guyana, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Panama, Peru, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, enviamos el siguiente posicionamiento a la Reunión de las Naciones Unidas sobre Vih.

«Posicionamiento de la sociedad civil latinoamericana y de El Caribe hacia a la Reunión de Alto Nivel de VIH» impulsando una Declaración Política basada en derechos humanos y acorde al contexto actual que enfrenta el mundo ante las Naciones Unidas.

Ni un paso atrás: Sostenibilidad, Derechos y Liderazgo Comunitario
para poner fin al Sida

Posicionamiento de la sociedad civil latinoamericana y de El Caribe hacia a la Reunión de Alto Nivel de VIH

En el marco de la reunión de Alto nivel de VIH/ SIDA 2026 de las Naciones Unidas sobre el sida, las organizaciones y redes  de sociedad civil de América Latina y el Caribe que trabajamos en la respuesta al sida hacemos un llamado a los Estados Miembros a impulsar una Declaración Política basada en derechos humanos y acorde al contexto actual que enfrenta el mundo. Frente al incremento de las desigualdades, el debilitamiento del espacio cívico, los retrocesos en derechos humanos, la reducción del financiamiento internacional en respuesta al VIH y los procesos de reforma y reestructuración del sistema de Naciones Unidas, es fundamental garantizar una respuesta al VIH sostenible, que se mantenga centrada en las personas y el liderazgo comunitario. Para esto necesitamos compromisos concretos en materia de financiamiento sostenible, prevención combinada, acceso a tecnologías e innovación, protección de derechos humanos y participación significativa de las comunidades y personas más afectadas por la epidemia.

Tomamos en consideración el mandato de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 3 y su meta 3.3 en cuanto a poner fin al sida como un problema de salud pública,  así como la reducción de las desigualdades (ODS 10).

Reconocemos los avances de los países de la región en la cobertura de la atención y tratamiento a las personas que viven con VIH, poniendo a disposición de la población medicamentos de alto costo, usando las flexibilidades que les facultan. Así también reconocemos la temprana implementación de estrategias de prevención efectivas, incluyendo las creadas y lideradas por las  comunidades, la incorporación de la provisión de profilaxis pre-exposición y el acceso a la profilaxis post exposición, aún con coberturas limitadas y desiguales entre países y dentro de ellos.

Asimismo, reconocemos los avances hacia la eliminación de la transmisión vertical, estos éxitos demuestran que es posible alcanzar las metas de poner fin al VIH para el 2030, de la mano con el liderazgo y participación de las mujeres con VIH y de las comunidades en todos los espacios de la respuesta al VIH. También se han registrado avances en torno a la lactancia en mujeres con carga viral indetectable. Sin embargo, persisten brechas normativas que requieren la actualización de protocolos nacionales en línea con recomendaciones de la OMS.

Destacamos la acogida de varios países a personas con VIH migrantes que han debido desplazarse en busca de sistemas de salud que pudieran responder a sus necesidades, en un contexto regional marcado por la movilidad humana y las desigualdades en el acceso  a la salud. Diversos países de la región han provisto de atención en salud a migrantes en clara muestra de solidaridad. 

Destacamos, por otro lado, las experiencias comunitarias para abordar el estigma y la discriminación, trabajando de la mano con instancias de gobierno, la empresa privada y otros sectores, que han contribuido a transformar las narrativas, humanizar a las personas que viven con VIH y acercar los servicios a las personas más afectadas

Resaltamos las experiencias de Monitoreo Liderado por la Comunidad, que demuestran la relevancia de la participación ciudadana en la implementación de las políticas públicas, permitiendo  desarrollar un trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil e instancias estatales para identificar y resolver cuellos de botella de manera oportuna. 

A pesar de los avances, las organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos de América Latina y el Caribe que trabajan en la respuesta al sida alertamos a los países miembros de las Naciones Unidas que:

• En la Declaración Política de 2026, sean reafirmadas las responsabilidades asumidas en las Declaraciones anteriores ya firmadas, y que no haya retroceso en el lenguaje acordado. Es momento para implementar los compromisos, no para debilitarlos.
• Las personas más afectadas por la epidemia en la región, incluyendo hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, trabajadoras sexuales, mujeres con VIH, personas que usan drogas, personas privadas de su libertad, personas indígenas y afrodescendientes y juventudes, continúan enfrentando barreras estructurales persistentes y desproporcionadas para el acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento. Estas barreras incluyen la criminalización, el estigma, la discriminación y la violencia institucional, lo que limita de manera directa la efectividad de la respuesta al VIH y profundiza las desigualdades en salud.
• Es necesario combatir las estructuras que sostienen el estigma y la discriminación asociadas al VIH, alejan a las personas de los servicios de salud. Sabemos que esto agudiza la exclusión laboral y social y pone en riesgo otros derechos como la seguridad alimentaria y habitacional. Es indispensable fortalecer modelos de atención libres de estigma, donde las decisiones sobre salud sexual, reproductiva, maternidad y lactancia sean acompañadas desde la información, la autonomía corporal y el respeto. Se requiere también un abordaje del estigma y la discriminación en sus nuevas expresiones, incluyendo  su reproducción en plataformas digitales y redes sociales.
• Los países deben estudiar las tendencias de sus epidemias y adecuar las intervenciones a las poblaciones más vulnerables que suelen quedar fuera de los abordajes a población general. Esto, además, debe integrarse con otras vulnerabilidades como la situación  migratoria y la criminalización de sus actividades.
• En la mayoría de los países, hace falta un abordaje integral para garantizar el acceso de las personas a todos los medicamentos necesarios, incluyendo aquellos de reciente desarrollo, utilizando plenamente las salvaguardas disponibles en los marcos normativos  nacionales e internacionales. 
• Los países requieren contar con sistemas de información y suministro eficientes que garanticen la provisión ininterrumpida de medicamentos para todas las personas que los necesiten, con especial atención a las poblaciones más afectadas por el VIH, que suelen enfrentar mayores barreras de acceso. 
• Los países deben explorar mecanismos óptimos de negociación y compra de medicamentos e insumos, incluyendo estrategias de compras regionales conjuntas y el fortalecimiento de la producción local, con el objetivo de alcanzar la equidad en el acceso y reducir las brechas que afectan de manera desproporcionada a algunas poblaciones.
• Los países deben reforzar las estrategias de prevención combinada, incluyendo la PrEP y PEP que aún son insuficientes y desiguales en la mayoría de los países. Deben garantizar su implementación a escala, de la mano con la participación ciudadana y ampliando el acceso a medicamentos inyectables de acción prolongada, así como otras innovaciones de prevención de ITS como DoxyPEP.
• Los países deben adoptar un enfoque integral  de protección social y políticas de cuidado que incluyan las personas que viven con VIH garantizando no solamente el acceso a los medicamentos, sino también a apoyos  nutricionales y, en el caso de la niñez, a leche de fórmula, que contribuyen a la adherencia y al bienestar general.
• La violencia basada en género contribuye a la vulnerabilidad de las mujeres a la transmisión del VIH. La dependencia económica, la ausencia de políticas de cuidado y de programas específicos de protección social para las mujeres también las colocan en mayor riesgo al VIH. En tanto, los países deben reforzar los programas de protección de los derechos de las mujeres y garantizar su acceso a atención en salud diferenciada.
• Las mujeres en su diversidad deben recibir atención oportuna y adecuada en salud sexual y  salud reproductiva, incluyendo especialmente a aquellas que realizan trabajo sexual y que por ello se encuentran constantemente con barreras de acceso a la salud debido al estigma y discriminación. En el caso de las mujeres y personas gestantes, los países deben garantizar acceso a protocolos pre-natales, exámenes y apoyo  que permita una adecuada atención que evite la transmisión vertical.
• Los pueblos indígenas, en muchos países, han sido gravemente impactados por el VIH. Por ello, los países deben generar evidencia epidemiológica con perspectiva sociocultural para conocer el real alcance de la pandemia en esas comunidades y diseñar respuestas con pertinencia cultural que sean implementadas por esos mismos pueblos, desde la autodeterminación. 
• Exigimos la adopción de estrategias que garanticen la participación y el liderazgo de las comunidades para fortalecer la respuesta al VIH, para alcanzar a aquellas personas que no acceden a los servicios de salud. 
• Para responder a la coinfección con hepatitis y tuberculosis y otras ITS, los países deben fortalecer sistemas de salud integrados garantizando una atención diferenciada y centrada en las necesidades de cada persona.
• Las políticas deben tomar en consideración el envejecimiento de la población con VIH, tras cuarenta años de epidemia y el éxito de los programas de tratamiento antirretroviral, y adaptar los sistemas de salud a estas nuevas necesidades, desde una perspectiva de integración de los servicios.
• El auge de movimientos antiderechos debilita la prevención, la educación integral en sexualidad y el enfoque de derechos humanos, mientras que la criminalización sigue castigando a las poblaciones clave. Esta situación se agrava con el recorte de fondos a las organizaciones de la sociedad civil (LGBTIQ+, trabajadoras sexuales, mujeres, usuarios de drogas y personas con VIH), lo que asfixia el espacio cívico y la respuesta comunitaria en los territorios. Es urgente que los gobiernos garanticen los derechos humanos, frenen la criminalización y restauren el financiamiento para proteger los logros alcanzados frente al VIH.
• El retiro de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe —agudizado por criterios basados solo en el PIB— impacta gravemente la respuesta al VIH, especialmente en países con alta dependencia externa o sistemas de salud debilitados.Exigimos a los gobiernos transitar hacia un financiamiento doméstico progresivo y sostenible, asignando recursos para descentralizar los servicios y promover la contratación social en todos los territorios. Asimismo, instamos a la cooperación internacional a mantener su compromiso midiendo las desigualdades más allá del PIB, y a los países de renta baja y mediana a implementar una moratoria inmediata (Standstill) al reembolso de la deuda, deteniendo la austeridad para priorizar el gasto público en salud. 
• Los países deben crear facilidades de financiamiento de reserva para fortalecer la respuesta preventiva ante emergencias sanitarias e incidir para reformar las políticas globales para abordar el espacio fiscal insuficiente y el sobreendeudamiento, con el fin de detener el ciclo que perpetúa la relación entre desigualdad y pandemias.
• Sobre la UN80, afirmamos que es fundamental fortalecer los mecanismos multilaterales, incluyendo el rol de ONUSIDA en la gobernanza de la respuesta global al VIH y su estratégica capacidad de articularla, con logros consolidados para garantizar una respuesta global, basada en evidencia y centrada en las poblaciones más afectadas. El debilitamiento de organismos internacionales como ONUSIDA afecta la coordinación global de la respuesta al VIH, la producción de información confiable, y además impide que las voces de las comunidades tengan espacios formales de escucha. Aunque necesite cambios, ONUSIDA fue y sigue siendo fundamental  para el intercambio de información y  el avance de experiencias exitosas que permitan poner fin a la epidemia. 

No será posible avanzar hacia el fin del VIH sin un programa conjunto especializado en la respuesta como ONUSIDA , sin reducir las desigualdades estructurales, revertir los retrocesos en derechos humanos y garantizar un financiamiento sostenible,  con el liderazgo de las poblaciones afectadas.

Si desea bajar el PFD de esta declaración teclee sobre este texto